Declaración Conjunta de la AMPS sobre Falsificación de Productos Médicos

Marzo 2010

Introducción

Todos los profesionales de la salud tienen un objetivo común de proteger el bienestar de los pacientes en todo el mundo de los productos médicos falsificados o de calidad inferior. Debe asumirse una actitud pro-activa y tomar medidas de colaboración con los gobiernos y otros agentes clave de la cadena de suministro legítima, tales como los fabricantes y distribuidores de productos farmacéuticos, para asegurar la calidad, seguridad y eficacia de todos los productos médicos disponibles en cada país, en conformidad con las normas internacionales reconocidas. Esta garantía de calidad es exigible tanto a productos de marca como genéricos, para los sectores público y privado, y tanto para productos importados como para los de producción nacional.

La Alianza Mundial de Profesiones de la Salud (AMPS) representa a más de 26 millones de profesionales de la salud en más de 130 países, y reúne al Consejo Internacional de Enfermería (ICN), la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), la Confederación Mundial de Fisioterapia (WCPT), la Federación Odontológica Mundial (FDI) y la Asociación Médica Mundial (WMA). La AMPS está sumamente preocupada por la infiltración y la venta de productos médicos falsificados en la cadena legítima de suministro de medicamentos, causando efectos adversos que pueden poner en peligro la salud y la vida de los pacientes.

Los productos médicos falsificados son inseguros e ineficaces. Dan lugar a un desperdicio de recursos en su compra, inventario, transporte y dispensación, y producen un resultado terapéutico insuficiente o nulo, pudiendo incluso causar daño al paciente. Asimismo, los productos médicos falsificados amenazan la seguridad del paciente causando, en el mejor de los casos, una ausencia de mejora de la enfermedad.

Sin embargo, pueden llegar a generar una carga adicional de enfermedad o incluso la muerte; pueden poner en peligro la salud pública al aumentar el riesgo de resistencia a los antimicrobianos; y mermar la confianza de los pacientes en los profesionales de la salud y los mismos sistemas de salud, a quienes ven como incapaces de proporcionarles un tratamiento adecuado. La salud pública y la seguridad del paciente están amenazadas y ahora es el momento de actuar.

Los profesionales de la salud son cruciales para la lucha contra los productos médicos falsificados. Mediante la inspección visual, enfermeros, farmacéuticos, médicos, odontólogos y fisioterapeutas, que están constantemente en contacto con medicamentos y otros productos médicos, pueden detectar anomalías en la apariencia física de esos productos y dar inicio a una investigación. Los profesionales de la salud necesitan considerar cada vez más la falsificación de medicamentos como una causa posible para la ausencia de respuesta terapéutica o la obtención de una respuesta inesperada en los pacientes que atienden.

Sin embargo, para que los profesionales de la salud puedan desempeñar eficazmente su papel, es necesario que las autoridades nacionales establezcan sistemas eficaces para la recogida de información, que permitan detectar indicios de posibles falsificaciones, verificar e investigar esta información y retroalimentar los resultados a los que han facilitado la información.

Este fenómeno global y mortal de la falsificación de productos médicos sólo se podrá erradicar por medio de acuerdos de cooperación y la coordinación de esfuerzos a nivel mundial. La AMPS se compromete a intensificar su compromiso y promover la conciencia de los peligros planteados por la falsificación de productos médicos entre los profesionales de la salud, los consumidores y los pacientes y sus gobiernos nacionales.

Los siete principios clave

En este contexto, la AMPS identifica los siguientes siete principios clave para la cooperación
internacional y el intercambio de información entre los principales agentes implicados en la
detección y lucha contra la falsificación de productos médicos:

1. El objetivo primordial de la lucha contra la falsificación de productos médicos es la protección de la salud pública y el reconocimiento de que las principales víctimas de la falsificación son los pacientes.
2. La falsificación de productos médicos, incluyendo toda la gama de actividades desde su manufactura hasta su dispensación a sabiendas a los pacientes, es un delito penal grave y vil que pone en riesgo vidas humanas y menoscaba la credibilidad de los sistemas de salud.
3. Una estrategia global de lucha contra la falsificación de productos médicos requiere la participación activa de todas las partes interesadas del sector público y la sociedad civil a través de las organizaciones que representan a los profesionales de la salud, los pacientes, los fabricantes, los distribuidores, y también los medios de comunicación y los gobiernos.
4. La formación de los profesionales de la salud es crucial para la detección y prevención de la falsificación de productos médicos y es imprescindible para que puedan educar a los pacientes y la población sobre los riesgos de comprar productos médicos de fuentes desconocidas o poco fiables.
5. Una vigilancia más atenta por los profesionales de la salud y los pacientes puede contribuir al aumento de la seguridad de la salud pública e individual. Al prescribir, dispensar o administrar medicamentos, los profesionales de la salud deberán tener en cuenta y reportar los casos sospechosos de falsificación como una posible causa de ausencia de respuesta terapéutica o de una respuesta inesperada en los pacientes a quienes cuidan.
6. Las organizaciones internacionales especializadas en la compra y distribución de productos médicos deberán identificar los productos falsificados o de calidad inferior, y publicar una lista de esos productos, para que se puedan tomar las medidas necesarias para su eliminación del mercado.
7. Los gobiernos nacionales pueden desempeñar un papel clave en la eliminación de los productos médicos falsificados a través de la aplicación de legislación de control de calidad farmacéutico y de medidas penales adecuadas tras una prosecución eficaz de los culpables, pero también imponiendo el cumplimiento riguroso de las Buenas Prácticas de Fabricación (GMP), Buenas Prácticas de Distribución (GDP) y Buenas Prácticas de Farmacia (GPP), y aumentando la dotación y la eficacia de los órganos nacionales de reglamentación y vigilancia farmacéuticas.